Esta mañana, el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por IU-ICV en la que se pide al gobierno "la condena de los incidentes violentos" que se produjeron durante el desalojo del Campamento Dignidad en El Aaiún.
Habrá a quien le parezca insuficiente, puesto que no se hace mención a las responsabilidades del gobierno de Marruecos, pero yo creo que es un paso hacia adelante. Porque si nuestros representantes actuasen en la misma línea en la que se han pronunciado esta mañana, en poco tiempo la posición española respecto al conflicto saharaui sería inequívoca. Por eso mismo, hoy me siento un poco más satisfecho que ayer: por la práctica unanimidad del Congreso en este tema. Y porque creo que es indispensable que España adopte una posición inequívoca a favor del Derecho Internacional en el conflicto saharaui para que el resto de los componentes de la Unión Europea abandonen sus ambigüedades. Creo, incluso, que los países nórdicos están a la espera de la que la antigua metrópoli -su actual socio- afronte sus innegables responsabilidades para apoyar ese línea de compromiso. E intuyo que otros no dejarían pasar la oportunidad de defender la legalidad si eso supone debilitar a uno de los gallitos con derecho de pernada en la zona. La realpolitik, ya se sabe. Unos la temen como un problema, cuando también puede ser una oportunidad.
Hoy se ha dado un paso. La andadura es larga... y penosa. Aunque más para unos que para otros.
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Actualización
Aunque la moción aprobada por el Congreso de los Diputados es extremadamente respetuosa y evita cualquier tipo de enfrentamiento con Marruecos, su gobierno -a través de Jalid Naciri, ministro de Comunicación- acaba de anunciar que "las circunstancias requieren una reevaluación del conjunto de relaciones con España en todos los ámbitos".
No puedo estar más de acuerdo con el gobierno de Marruecos. Espero que reevaluen esa política que conduce a la expulsión de los periodistas y los cooperantes españoles, que permite el maltrato a nuestros compatriotas (alguno de los cuales ha muerto en "extraños accidentes"), que impide la enseñanza del español en el Sáhara Occidental y que dinamita -literalmente- las huellas arquitectónicas de la presencia de España en la región. Y ya puestos, la que les impulsa a nombrar a un saharaui que adjura de una trayectoria personal de treinta y cinco años como su embajador en nuestro país.
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